El lunes 23 de septiembre, la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires ordenó en Argentina la detención de Nicolás Maduro y de varios funcionarios, entre ellos su mano derecha Diosdado Cabello, bajo sospecha de complicidad en crímenes de lesa humanidad. La solicitud fue presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI). 

 Varias denuncias de Argentina apuntan a un "plan sistemático" de represión y violaciones de derechos humanos en Venezuela desde 2014. En marzo de 2024, varios opositores al régimen de Maduro solicitaron asilo en la embajada argentina en Caracas. La declaración se produjo después de que se emitiera una orden de arresto contra él por cargos de conspiración y traición. 

 A principios de agosto de 2024, Brasil se hizo cargo de la embajada argentina en Venezuela mientras el gobierno venezolano expulsaba a los diplomáticos argentinos. El régimen ve la campaña como un intento de proteger a los solicitantes de asilo de posibles represalias.

 Luego, el 7 de septiembre, el gobierno venezolano revocó unilateralmente el permiso de Brasil para custodiar la embajada argentina, alegando que el local estaba siendo utilizado para planificar "actividades terroristas" y "magnicidios" contra Maduro y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. La afirmación se hizo sin pruebas concretas.

 AFP. (2024, septiembre 23)