El gobierno del presidente argentino, Javier Milei, anunció una reforma migratoria que endurece significativamente las condiciones para los extranjeros en el país.

A través de un decreto de necesidad y urgencia, se facilitará la deportación de personas con antecedentes penales, se eliminará la gratuidad del sistema de salud pública para inmigrantes ilegales y residentes temporales, y se dificultará la obtención de la ciudadanía. 

Esta medida, que responde a la línea ideológica de mano dura adoptada por aliados, como Estados Unidos y El Salvador, se ha presentado a su vez como un intento de ordenar un sistema “desvirtuado” por políticas migratorias anteriores más inclusivas. El anuncio llega en vísperas de elecciones legislativas en Buenos Aires, donde el partido de Milei busca fortalecer su posición política. 

El gobierno afirma que la migración irregular ha provocado un uso excesivo y costoso de servicios públicos, especialmente en salud, lo que justificó la introducción de aranceles, que ya han sido adoptados por varias provincias. 

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos han cuestionado la falta exacta de datos sobre la cantidad de inmigrantes ilegales y advierten que la reforma podría violar los derechos fundamentales garantizados en la ley de 2003, que establece el acceso universal a la salud sin importar la situación migratoria.

La Jornada. (2025, mayo 14)